La congresista de la República, Milagros Rivas Chacara, realizó una fiscalización conjunta con la Contraloría General de la República en la Unidad Ejecutora Lima Sur, donde encontró serias deficiencias en la gestión interna.

Durante la visita, no se encontró al gerente subregional, Caleb Ramos Llerena y el asesor legal indicó que le habría dejado la encargatura de manera verbal.

Se pudo comprobar que la administradora, el jefe de presupuesto y otros funcionarios llegaron con retraso a sus labores, generando toda una sorpresa en los presentes.

La congresista solicitó información detallada sobre la adquisición de mobiliario y equipamiento de ambientes complementarios (CUI 2651525), proyecto que no estaba programado en el PIA 2025, pero que se le asignó un PIM de S/ 557,030.

Esta situación llamó la atención, puesto que especialmente cuando en sectores críticos como salud y educación se alega falta de presupuesto, aquí se da al instante.

Rivas Chacara también solicitará por escrito la información de los CUI 2439972, 2531309, 2631834 y otros adicionales, a fin de continuar con una fiscalización rigurosa y transparente.

“La Unidad Ejecutora Lima Sur es responsable de la gestión de proyectos y programas en la región, y es fundamental que se garantice la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos”,comentó la parlamentaria.

Mientras tanto, los funcionarios de la Contraloría, tomaron nota de todo lo actuado y en el transcurso de los días, notificará a los funcionarios para hacer sus descargos respectivos.

La intervención de la congresista ha puesto el foco en una sospechosa asignación presupuestal que clama por una investigación a fondo. El proyecto de adquisición de mobiliario y equipamiento (CUI 2651525) recibió un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 557,030.

Este movimiento abrupto de medio millón de soles genera profundas suspicacias, especialmente cuando la justificación de la “falta de presupuesto” es la constante para sectores vitales como salud y educación.

La Unidad Ejecutora Lima Sur deberá explicar con absoluta transparencia por qué la priorización de su gasto se inclinó hacia la compra de bienes en lugar de atender las urgencias sociales que ahogan a la región.

El verdadero desafío apenas comienza, y la congresista Rivas ha dejado claro que esta es solo la punta del iceberg.

Se anticipa una cascada de revelaciones que podrían desarticular las presuntas redes de favoritismo y mala administración que operan bajo la sombra de la Unidad Ejecutora.

Los funcionarios y directivos involucrados deben prepararse, pues el escrutinio del Congreso, con el respaldo técnico de la Contraloría, está decidido a garantizar que cada sol del erario público sea invertido con honestidad y eficiencia.

La población tiene derecho a saber dónde y cómo se gasta su dinero, y esta fiscalización promete destapar las verdades ocultas, forzando un cambio radical en las prácticas de gestión de la Unidad Ejecutora. La era de la “gestión ausente” ha terminado.