En un hecho que indigna a toda la Región Lima, la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado ha sido condenada en primera instancia a 9 años y 5 meses de cárcel, además de quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por igual periodo. El fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado de Lima Este en el escandaloso caso “Matucanazo”, confirma su responsabilidad penal mediante peritajes, testimonios y pruebas que, según los magistrados, acreditan plenamente los delitos cometidos cuando Vásquez era alcaldesa de Huarochirí.

Pero lo verdaderamente repulsivo es lo que viene después. A pesar de la contundencia del fallo y del volumen probatorio, los jueces optaron por suspender la ejecución de la condena, permitiendo que Rosa Vásquez siga gobernando como si nada hubiera pasado, administrando recursos públicos, firmando documentos y tomando decisiones que afectan a más de un millón de ciudadanos. Todo mientras apela la sentencia en instancias superiores.

¿Nueve años de prisión efectiva? Sí. ¿Inhabilitación total para ejercer función pública?

También. ¿Gobernando como si fuera inocente? Increíble, pero real. La decisión judicial ha desatado un terremoto político y moral. ¿Cómo puede una autoridad ya declarada culpable seguir al mando de una región? ¿Qué clase de justicia permite que una funcionaria sentenciada por corrupción continúe sentada en el sillón regional sin el menor recato?

Para colmo, la suspensión de la condena llega con condiciones que parecen más un trámite que una sanción: una caución de S/ 100 mil en cinco días, control biométrico quincenal y la prohibición de salir de su jurisdicción sin permiso. Un régimen “especial” que contrasta brutalmente con la severidad que el sistema aplica a cualquier ciudadano común.

Lo más grave es que los jueces fueron categóricos: las pruebas son suficientes, sólidas y determinantes. Y aun así, la gobernadora podrá seguir jurando transparencia frente a cámaras mientras carga sobre los hombros una condena casi de una década por corrupción.

La Región Lima quedará gobernada, al menos por ahora, por una sentenciada, una autoridad cuya situación legal es tan frágil que cualquier incumplimiento revocaría la suspensión y la enviaría directamente a prisión. Mientras eso no suceda, Rosa Vásquez seguirá brindando con champagne del más fino en estas fiestas de fin de año.