La Municipalidad Provincial de Cañete continúa sin un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres aprobado y vigente, a pesar que en el 2025 ejecutó el 59,4% del Presupuesto asignado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
La Contraloría General de la República en su Informe de Control N° N° 4725-2026-CG/PREV-SOО fechado el pasado 01 de abril del año en curso, señala que de la revisión de la información remitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), se advierte que la comuna provincial de Cañete, continúa sin un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, “PPRRD”, instrumento técnico-operativo de carácter plurianual que permite orientar la identificación, priorización y ejecución de medidas, programas, actividades y proyectos destinados a reducir las condiciones de riesgo existentes y prevenir la generación de nuevos escenarios de riesgo en el territorio.
Asimismo, se advierte que, durante el año 2025 la entidad contó con una asignación presupuestal de S/ 1’797,085,00 en el marco del Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”; registrando una ejecución presupuestal del 59,4%, según la consulta realizada el 27 de marzo de 2026 en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
Por otro lado, los escenarios de riesgo elaborados por el CENEPRED indican que, en el ámbito territorial de la provincia, se registran distritos con nivel de riesgo Alto (6), Medio (8) y Bajo (2) por inundaciones, así como distritos con nivel de riesgo Muy alto (7), Alto (2) y Medio (7) por movimientos en masa, con una población expuesta estimada en 240,013 personas, 98,310 viviendas, 41 establecimientos de salud y 360 instituciones educativas, además de infraestructura vial y agrícola susceptible de afectación.
En ese contexto, la falta de un PPRRD aprobado y vigente y que, así como la ejecución del 59,4% del Programa Presupuestal durante el año fiscal 2025, limita la adecuada planificación y ejecución de intervenciones orientadas a la reducción del riesgo, así como la articulación entre la planificación y la ejecución del gasto, afectando la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos. Esta situación, considerando los niveles de riesgo por inundaciones y por movimientos en masa, así como la existencia de población e infraestructura expuesta, incrementa la probabilidad de afectación ante la ocurrencia de eventos adversos y la generación de impactos sociales y económicos.
